La Ley de Dependencia reconoce un estatus legal al cuidador y sienta las bases para su profesionalización, pero también destapa nuevos retos como la prevención de riesgos o la mejora de su calidad de vida.
El 1 enero de 2007 marcó un antes y un después en la vida pública y privada de los españoles. La aprobación de la conocida como Ley de la Dependencia supuso el reconocimiento de una "deuda histórica" con las personas, con las mujeres, que entregan su vida a esta labor sin recibir a cambio ninguna compensación, ni jurídica, ni social, ni económica. El contexto de partida era un "páramo" a todas las escalas y tras dos años de aplicación de la normativa, la primera fase, consistente en la identificación de los dependientes, ya está encarrilada.
En la Comunidad andaluza se ha tramitado el mayor número de solicitudes del país, casi 157.000, pero la dependencia es cosa de dos y no funciona sin ese segundo en discordia: el cuidador. "¿Quién cuida al que cuida?".
El planteamiento es de Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén y director del Laboratorio-Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía, y encierra la esencia de uno de los principales retos a los que se enfrentan las administraciones y agentes sociales. El debate es muy amplio y concierne a ámbitos tan diversos como el derecho, la sanidad o el empleo. Todos ellos estuvieron ayer representados con voz propia durante las jornadas Prevención de riesgos laborales y el trabajo de cuidar: un nuevo reto en salud laboral, organizadas por el Grupo Joly en colaboración con la Consejería de EmpleoEl seminario, celebrado en el Palacio de Congresos de Cádiz, fue inaugurado por el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, y el director general del Grupo Joly, Javier Moyano, que destacaron los horizontes que esta normativa ha abierto como "profesión del siglo XXI" y de "extremado interés por la novedad y la gran variedad de factores" que implica.La directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta, Esther Azorit, enfatizó este propósito fundamental de la ley: "Invertir el cuidado familiar y sin protección pública por un cuidado profesional dotado de estabilidad laboral, retribución y con una mejora de las condiciones de trabajo".
El primer paso, básico, ha sido la asignación de prestaciones económicas y la incorporación de los cuidadores "informales" (familiares) al Régimen General de la Seguridad Social, y no al especial del Hogar (menos favorable), según Cristóbal Molina, que destacó que la cotización permitirá a las actuales cuidadoras, en su mayoría mujeres mayores, acceder al desempleo y a pensiones de incapacidad y jubilación. Este reconocimiento de derechos favorecerá que en 2015, cuando está previsto que culmine la implantación de la ley, se haya producido esa transición hacia un sistema profesionalizado.
